ZBE Valladolid: anulada en marzo, multando en septiembre

Pocas zonas de bajas emisiones han dado tanto trabajo a los tribunales en tan poco tiempo. La de Valladolid nació con un perímetro de 3,1 kilómetros cuadrados en el proyecto que el gobierno anterior aprobó inicialmente en diciembre de 2022, se quedó en 1,1 kilómetros cuadrados, «el mínimo legal» en palabras del propio Ayuntamiento, cuando el gobierno de PP y Vox la retomó, y desde entonces ha vivido dos retrasos en el calendario, una sentencia que la anula, otra que la avala y un recurso de casación pendiente en el Tribunal Supremo. Y, mientras tanto, multa.

Para el conductor eso se traduce en una regla sencilla y en una incertidumbre grande. La regla: si tu coche no tiene etiqueta ambiental y entras en el casco histórico sin autorización, la cámara genera una propuesta de sanción de 200 euros, hoy igual que en julio de 2025. La incertidumbre: qué pasará con las multas y con la propia zona cuando el Supremo resuelva. Esta guía separa las dos cosas.

La cronología que explica el desorden

El Pleno aprobó definitivamente la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones el 28 de octubre de 2024. El alcalde la firmó el 12 de noviembre y se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 223, de 19 de noviembre de 2024. Entró en vigor al día siguiente, salvo su régimen sancionador, que quedó aplazado seis meses. El primer calendario situaba el corte a los vehículos sin etiqueta el 1 de enero de 2025; se retrasó, y la restricción y las sanciones arrancaron a la vez el 1 de julio de 2025.

El 16 de marzo de 2026 (algunas fuentes citan el 18) el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estimó el recurso de la Asociación Liberum y declaró nula la ordenanza. El motivo no fue el perímetro ni las etiquetas sino un defecto de forma: el Real Decreto 1052/2022 exige que la zona se apruebe sobre un «proyecto» previo con un contenido determinado, y el Ayuntamiento entendió que bastaba el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 2021. El tribunal respondió que un plan anterior a la norma no puede cumplir una exigencia que aún no existía, e impuso las costas al Ayuntamiento.

El Pleno del 30 de marzo debatió tres salidas (recurrir en casación, redactar una nueva ordenanza, suspender las multas) y rechazó la enmienda que pedía suspenderlas de inmediato. El 22 de abril el alcalde confirmó que las sanciones continúan y no se devuelven, con un informe de los servicios jurídicos según el cual no hay base legal para suspenderlas mientras la sentencia no sea firme, y con un argumento económico explícito: unos 13 millones de euros de fondos europeos (1,2 millones para las cámaras y 12,35 millones para movilidad sostenible) dependen de que la ZBE exista. Se abrió una consulta pública para una nueva ordenanza hasta el 31 de mayo.

El giro llegó a principios de julio de 2026: el mismo TSJ desestimó el recurso de Ecologistas en Acción, que atacaba el fondo por considerar insuficiente el perímetro de 1,1 kilómetros cuadrados, y avaló la proporcionalidad de la zona reducida. Es decir, la ZBE de Valladolid está anulada por la forma y avalada por el fondo. El 28 de julio la Junta de Gobierno Local inició la modificación del plan de movilidad y del Plan de Mejora de la Calidad del Aire para incorporar el proyecto que faltaba. A fecha de esta revisión no consta que el Supremo haya resuelto la casación ni que la subsanación esté aprobada definitivamente.

Perímetro: el anillo del casco histórico

La zona restringida es el recinto que dibujan, en sentido horario desde la plaza de Zorrilla, las calles María de Molina, Doctrinos, Isabel la Católica, San Quirce, Esteban García Chico, la plaza de San Pablo, Cardenal Torquemada, Rondilla de Santa Teresa, Gondomar, Chancillería, Ramón y Cajal, Colón, Cardenal Mendoza, la plaza del Colegio de Santa Cruz, Merced, Pedro Barruecos, Alonso Pesquera, la plaza de la Cruz Verde, Labradores, Acibelas, Cadena, Párroco Domicio Cuadrado, Vega, Panaderos, la plaza de España y Miguel Íscar, hasta cerrar en Zorrilla. Fuera de ese anillo no hay restricción alguna: la estación de tren, el estadio, los hospitales y los polígonos quedan libres para cualquier vehículo.

La vigilancia se hace con cámaras de lectura de matrícula en los accesos. El proyecto presentado en julio de 2024 preveía 32 cámaras en 27 calles; no hemos encontrado una cifra oficial posterior al despliegue, así que tomamos esa como referencia. La ZBE funciona las 24 horas, los 365 días, sin franjas nocturnas ni festivos libres, a diferencia de Barcelona o Sevilla.

Calendario por etiqueta: quién entra y hasta cuándo

• Sin etiqueta: restringidos desde el 1 de julio de 2025, con sanción activa desde ese día.
• Etiqueta B: acceso libre hasta el 31 de diciembre de 2027; a partir de esa fecha, restringidos (alguna fuente lo redondea al 1 de enero de 2028).
• Etiqueta C: acceso libre hasta 2030; el día exacto de enero varía según la fuente y no lo damos por verificado.
• ECO y 0: sin restricción prevista en el calendario publicado.

Conviene subrayar lo que ese calendario implica para quien compra un coche usado en Valladolid: un gasolina de 2004 con etiqueta B sirve para el centro durante poco más de un año; un diésel de 2010 con etiqueta C, hasta el final de la década. Nuestra calculadora ZBE por matrícula devuelve el distintivo y las ciudades que lo restringen.

Autorizaciones: la plataforma y la regla de los cinco días

Todo se tramita en zbe.valladolid.es, con DNI, NIE o pasaporte. Los residentes empadronados dentro del perímetro con el vehículo a su nombre quedan autorizados sin hacer nada, porque el sistema cruza padrón y Registro de Vehículos; si el coche es de renting, de empresa o está a nombre de otra persona, hay que darlo de alta a mano. Cada plaza de garaje admite hasta dos matrículas, acreditando propiedad o contrato más una declaración responsable. Los colegios gestionan una autorización colectiva para el curso, las personas con movilidad reducida registran un solo vehículo con un trámite único, y los residentes de las zonas de aparcamiento regulado quedan exentos a través de la empresa gestora.

Hay tres exenciones sociales que no existen en la mayoría de las ciudades: los hogares con vehículo sin etiqueta e ingresos anuales por debajo de 1,3 veces el IPREM, acreditando la declaración de la renta y con renovación anual; las familias numerosas de categoría especial, para todos los vehículos de la unidad familiar; y los permisos temporales por motivos médicos o embarazo con certificado. No hemos localizado ninguna tasa asociada a los trámites, pero tampoco una confirmación expresa de que sean gratuitos.

Y la regla que más multas evita: la autorización puede pedirse antes de entrar o hasta cinco días naturales después. Quien entra un sábado para una mudanza o una visita y no había tramitado nada tiene hasta el jueves siguiente para regularizarlo. Pasado ese plazo, el sistema convierte la lectura de la cámara en propuesta de sanción sin intervención humana.

La multa: 200 euros, 100 con descuento, y qué pasa con las ya cobradas

Circular sin autorización es infracción grave del artículo 76 z3) de la Ley de Tráfico, con 200 euros de multa sin puntos, que quedan en 100 si se pagan en los 20 días naturales siguientes a la notificación. La cámara no multa: genera una propuesta que sigue el procedimiento sancionador municipal, con su trámite de alegaciones y su recurso de reposición antes de la vía contenciosa. Hasta el 9 de febrero de 2026 el Ayuntamiento había tramitado 1.828 expedientes y recaudado unos 682.000 euros.

La pregunta que todo el mundo hace desde marzo es si esas multas se devuelven. La posición municipal es que no: la sentencia no es firme, las sanciones firmes son actos consolidados y el cobro continúa. La posición contraria, que defiende la oposición y que sostienen muchos sancionados, es que una ordenanza nula no puede sustentar sanciones. Quién tiene razón lo dirá el Supremo, y hasta entonces lo prudente es alegar dentro de plazo citando la sentencia del TSJ, para no dejar firme una sanción que después podría discutirse. La guía de recurso de multa de tráfico explica cómo hacerlo sin perder el descuento por error.

Qué vigilar en los próximos meses

Tres hitos cambiarán esta página. El primero, la sentencia del Tribunal Supremo sobre la casación: si confirma la nulidad, las sanciones posteriores a marzo de 2026 quedarán en una posición muy débil; si la revoca, la ordenanza de 2024 vuelve a ser plenamente válida. El segundo, la aprobación definitiva de la modificación del plan de movilidad y del plan de calidad del aire iniciada el 28 de julio, que subsanaría el defecto de forma hacia el futuro. El tercero, el 31 de diciembre de 2027, cuando la etiqueta B deja de servir para entrar. Actualizaremos la guía en cada uno.